Las medidas contra la corrupción propuestas por el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, para calmar las aguas movidas por los escándalos del caso Gürtel y las políticas urbanísticas van camino de quedar en agua de borrajas. En la Comunidad Valenciana, presidida por Francisco Camps, el Consell no ha puesto en marcha ninguna de las medidas para fortalecer los controles externos, ni para mejorar la transparencia en la gestión. Al contrario, el Grupo Popular rechazó a principios de diciembre la propuesta de dedicar un pleno monográfico en las Cortes Valencianas para hablar de “regeneración democrática, transparencia y medidas contra la corrupción”. En su lugar, los populares propusieron una modificación del reglamento del Parlamento que permitiese publicar en el Boletín Oficial de las Cortes las declaraciones de bienes y actividades de los diputados.
No obstante dicha proposición del reglamento tendrá lugar en Febrero, para que sus señorías tengan tiempo más que suficiente para modificar su estatus legal y patrimonial. En especial tras las resistencias de un numeroso grupo de diputados y diputadas del PP de la Comunitat Valenciana. Medida a la que los representantes socialistas presentes en la cámara tampoco han manifestado oposición, al igual que los de Compromís.
En el Ayuntamiento de Valencia por poner un ejemplo la concejala socialista Carmen Alborch ha presentado una moción pidiendo una actualización de la declaración de bienes del conjunto de la corporación local. Ante esta propuesta la Alcaldesa Rita Barberá ha respondido que para aprobarla, sería necesario un pacto estatal anti corrupción.
En el Ayuntamiento de Alicante, presidido por la Alcaldesa popular Sonia Castedo ni siquiera se ha abordado la cuestión, ni tampoco la ha solicitado la oposición socialista. Y eso que el anterior alcalde el popular Luis Díaz Alperi, llegó con la nómina embargada y hoy se permite regalar relojes valorados en varios millones de las antiguas pesetas.

