Con el software propietario que la administración pública adquirió se están formando analfabetos digitales.

El plan Escuela 2.0 fue negociado previamente con empresas fabricantes de procesadores y componentes informáticos, editores de libros y operadores de telefonía. Las empresas todavía se están frotando las manos con este nuevo “negocio”, que les dará unos pingües beneficios. Imaginen lo que supone que casi 2,5 millones de alumnos y alumnas reciban un mini-PC con el software de Microsoft preinstalado, en particular su Windows 7. Porque este “negocio” apuesta por el software propietario, pasando por encima de los proyectos de software libre de una serie de comunidades autónomas que llevan trabajando en ello hace años. Lo cual prolongará la dependencia tecnológica y económica de las empresas privadas, como afirma Jordi Adell, profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y experto en nuevas tecnologías. Contradiciendo incluso los propios programas electorales del PSOE tanto del 2004 en el que se prometía “impulsar la implantación de software libre de código abierto en el sistema educativo y un amplio programa para elaborar, recopilar y difundir materiales curriculares y de apoyo al profesorado en soporte informático y software libre” (pg. 176), como en el del 2008 que volvía a prometer “potenciar el desarrollo del software de código abierto, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, y las administraciones, así como la democratización del conocimiento como fuente de progreso humano, cultural y económico de nuestra sociedad” pg. 131).

Si actualmente vivimos la resaca de una burbuja de especulación inmobiliaria, parece que ahora entramos en una burbuja de especulación con el sistema educativo. Cuando, en los inicios de la informatización masiva del sistema educativo, la Junta de Extremadura decidió en 2001 instalar un ordenador con software libre por cada dos alumnos o alumnas, en todos los institutos de secundaria de Extremadura, varias comunidades autónomas comenzaron a considerar la idea de imitar la iniciativa extremeña. Microsoft tardó en dar una respuesta, pero fue contundente y origen del actual plan: en 2007 llegó a un acuerdo con la administración educativa de Aragón distribuyendo su propio material, por supuesto, basado en software privativo. Esta experiencia piloto, puesta en funcionamiento por el PSOE aragonés, salió tan bien que Eva Almunia, su responsable, fue ascendida a la Secretaria de Estado de Educación para, como ella misma afirmó, extenderlo al resto de España, ya que recibió felicitaciones y premios de diversas publicaciones del sector (económico, claro está), y el mismísimo Bill Gates estrechó la mano de sus responsables ante todos los medios de comunicación.

A partir de esta experiencia piloto, el anuncio del plan Escuela 2.0 de Zapatero en 2009, fue el pistoletazo de salida del gran negocio educativo del futuro: Los fabricantes de ordenadores, como Toshiba, tomaron enseguida posiciones para vender el mayor número de unidades posible. Ya han conseguido vender sus productos en Andalucía y Cataluña. Microsoft se lanzó entonces a la re-conquista de España. De momento ha tomado ya varias comunidades autónomas: Aragón, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha y Euskadi. Los editores de libros de texto, con Santillana al frente, ni siquiera esperaron al anuncio presidencial: la mañana en que Zapatero se disponía a realizar su fantástico anuncio, El País ya proponía una serie de ideas en las que encargaba la creación de materiales a las editoriales y desautorizaba a las administraciones públicas. En Cataluña ya están iniciando la venta de contenidos digitales a través de la red. Incluso los operadores de telefonía están diseñando planes para ofrecer tarifas especiales a los escolares para acceder a Internet desde sus hogares (por supuesto, sólo están interesados en explotar este negocio en las zonas en que sea rentable, abandonando a su suerte a las zonas rurales que no dejan altos beneficios).

Si se considerara un precio (rebajado) de 60 euros por cada sistema operativo y de otros 52 euros por cada licencia de Microsoft Office para estudiantes, estaríamos hablando de un coste anual de casi 100 millones de euros. A lo anterior habría que sumar otros costes de licencias, como el antivirus, indispensable para ese sistema operativo (e innecesario para el software libre Linux) y que exige contratar actualizaciones de aproximadamente 25 euros anuales por usuario o usuaria, además del coste de todo el resto de aplicaciones de uso común para Windows, muchas de ellas muy costosas. No sólo se están destinando grandes cantidades de dinero público (dinero de nuestros impuestos) a la adquisición de un software que, para uso escolar, es perfectamente sustituible por software libre, sino que, para colmo, el uso de software privativo crea una costosa dependencia tecnológica e induce al alumnado a destinar parte de sus futuros ingresos a la adquisición de mas software privativo. Por último, hay que tener en cuenta los sobreesfuerzos de mantenimiento que requiere Windows y que tendrían que sufragar las propias comunidades autónomas. En un momento tan grave de crisis y de sacrificio para más de 4 millones sin trabajo es realmente escandaloso el que se conciba la mejora de la educación como oportunidad de negocio para unas cuantas empresas privadas.

Es cierto que los equipos tendrán arranque dual, es decir, se podrá instalar tanto Windows 7 como software libre. Por eso la secretaria de Estado, Eva Almunia, afirmó que el Gobierno siempre ha defendido la “neutralidad tecnológica”. Apostillando la presidenta de Microsoft que la comunidad educativa no tiene estas “preocupaciones ideológicas”. O sea, que “neutralidad tecnológica” es pagar de nuestros impuestos cientos de millones a las empresas privadas, como hizo Eva Almunia en Aragón; y “preocupación ideológica” es reivindicar que el software que va a utilizar nuestro alumnado sea libre y gratuito. Es más, como dice el presidente de la asociación Hispalinux, José María Lancho, el arranque dual es una solución que atenta contra la libre competencia e incumple la Ley de Contratos del Sector Público.

Lo peor es que es poco probable que los beneficios para el sistema educativo, si los hubiera, guarden alguna proporción con la cantidad de recursos económicos gastados en este faraónico plan de “buena imagen”. Parece que nos proponemos conseguir un alumnado 2.0 con una escuela 0.7 en recursos educativos, dotación de profesorado, formación del profesorado, metodologías utilizadas, organización educativa, etc. ¿No sería más adecuado dotar a los centros y no a los individuos (excusa para destinar más recursos a los centros concertados)? ¿No sería más urgente invertir justamente en aquellas “innovaciones” que realmente necesita el sistema educativo? ¿O es simplemente un «golpe de efecto» para ocultar los problemas estructurales del sistema y promover negocio?

Tras este “golpe de imagen” ya nadie culpará del fracaso o los problemas educativos a los políticos que gestaron tan magnífico plan, ni a las administraciones educativas que lo pusieron en marcha, ni a las empresas que, como Microsoft, vendieron su software a las administraciones educativas, ni a los fabricantes que les vendieron los portátiles, ni a las editoriales que les vendieron los contenidos, ni tampoco a los operadores de telefonía… El problema será el profesorado recalcitrante al cambio, el alumnado que no quiere o no es capaz de estudiar, o incluso las familias que no se preocupan por sus hijos e hijas. Parece la “educación al revés”: que los que van a cambiar y mejorar la educación son precisamente los que hacen negocio con ella. Vamos, que parece que, a partir de ahora, la educación 2.0 pasa por las empresas, no por el profesorado y la comunidad educativa. En esta “reforma” seremos espectadores del gran negocio que se hace a nuestra costa.

Pero lo cierto es que pasar los libros de texto a formato digital o, simplemente, utilizar ordenadores y pizarras digitales en las aulas, no supone cambiar el curriculum, ni cambiar la escuela, ni alterar la metodología docente. Poner los mismos contenidos textuales en formato digital o cambiar el lapicero por el ordenador, no es construir una escuela 2.0. La web 2.0 hacía referencia a un cambio estructural de perspectiva en el que la persona usuaria pasa de ser “consumidora” a ser “autora”. Y como plantea Juana Mª Sancho Gil, profesora de la Universidad de Barcelona y experta en Tecnología Educativa, en las escuelas los niños y las niñas siguen siendo consumidores de información producida por otros, pero no protagonistas de su proceso de aprendizaje, no investigadores e investigadoras, creadores, escritores, autores que construyen de forma activa el conocimiento y comparten los contenidos y materiales que han creado tanto el profesorado como el alumnado. La mera dotación instrumental de “aparatos” que se está haciendo no implica un cambio sustancial de enfoque, metodologías, formación del profesorado, atención personalizada a grupos más pequeños, trabajo cooperativo, etc. Estas tecnologías no vienen acompañadas de una auténtica pedagogía 2.0; sino de una campaña de imagen y marketing para vendernos este nuevo “negocio 2.0” de las grandes empresas (editoriales y de software), financiado a costa de la educación pública. Porque lo “2.0″ es una marca que vende bien.

Para introducir este plan ni siquiera se han asesorado con personas especializadas en psicopedagía o educación, explica el analista Jose Luis Murillo. Se han reunido con Microsoft, Intel, Banesto, HP, Iecisa (El Corte Inglés), JP Sà Couto, Telefónica o Vodafone. Antes, para hablar de educación se leía, analizaba y discutía con Pablo Freire, Aussubel, Vigotski, Freinet, Montessori, Piaget, Giner de los Ríos, la escuela de Barbiana, Novak, … y se debatía sobre qué y cómo aprender y enseñar. Y es que, a pesar de estudios como Scholl of Education de la UNESCO, investigaciones e informes como el de L. Woessmann y T. Fuchs sobre el informe PISA, etc., que insisten una y otra vez en que el uso y el aumento de tecnologías en las aulas por sí mismo no supone una mejora en la calidad educativa, Zapatero ha hecho oídos sordos a todo ello y se ha lanzado a llenar nuestras aulas de cachivaches sin mayor reflexión pedagógica o educativa.

Por eso, concluye Jordi Adell, la cultura, para Zapatero, es otro sector económico más, no un derecho. Este plan, afirma, en realidad, no tiene nada que ver con la educación. Zapatero no apuesta por los docentes, el alumnado o la ciudadanía, apuesta por el negocio. Es un plan para aumentar los beneficios de varios sectores de la industria y el comercio, ignorando lo más básico acerca de las nuevas tecnologías y la pedagogía, puesto que no es un plan para cambiar nada de lo que ocurre dentro de las aulas. No tiene en cuenta los derechos básicos de los ciudadanos y las ciudadanas a una educación de calidad y gratuita durante el periodo obligatorio y las posibilidades de desarrollo de un país con libre acceso al conocimiento y la cultura. La enseñanza 2.0 no debería plantearse como negocio, sino como oportunidad de cambio de valores respecto al conocimiento, el proceso de aprendizaje, la metodología y el compartir materiales y recursos.

Solamente un 36% de los/as Alcaldes/as catalanes son trasparentes

Según informa “El País” solamente un 36% de los Alcaldes y Alcaldesas de Catalunya presentan el informe de cuentas y resultados de sus Ayuntamientos al Sindic de Greuges, el equivalente al Defensor del Pueblo en España, durante el último ejercicio, mientras que en el pasado el porcentaje ascendió a más de un 60%.

Y ante esta situación desde CorrupciónCERO nos preguntamos ¿Quien fiscaliza las cuentas públicas? ¿Acaso no se pueden exigir responsabilidades políticas y/o penales por no haber presentado las cuentas públicas en tiempo y forma a los órganos fiscalizadores? ¿ Por qué este tipo de noticias apenas aparecen en los medios de comunicación sociales? ¿Por qué no existen declaraciones de este tipo entre la clase política?

Otra ilustre señoría que forma parte de nuestra galería de embutidos en CorrupciónCERO.

El dueño de un local de San Pedro del Pinatar – Murcia -  denunció al ex alcalde Pedro José Pérez Ruiz – hoy Senador por el PP – por instarle a firmar un convenio para traspasar el negocio al Ayuntamiento. La sala de lo penal del Supremo señala en un auto que “es preciso comprobar la existencia de indicios suficientes de comisión de un hecho delictivo y de la participación en el mismo del aforado”

El querellante denunció a Pérez Ruiz y a otras personas, entre ellas un concejal del PP, después de que tras varios años de actividad el Ayuntamiento le solicitara que firmara un convenio en cuya virtud el consistorio obtenía la propiedad del establecimiento y permitía la explotación industrial durante 15 años a los propietarios. El dueño del local no consideró beneficiosa la firma del citado convenio y a partir de entonces, según explica el auto, se vio inmerso en una situación en la que primero fue objeto del cierre de su negocio -resolución que fue anulada por un juzgado-, se le negó la tramitación de la expropiación y se le impidió que pudiera venderlo.

Para el Supremo los hechos pueden tipificados como delitos de prevaricación y cohecho. “La acreditación de esos hechos resultan adecuadamente acreditados por la declaración del denunciante, víctima de los mismos, y aparece parcialmente corroborada por las declaraciones de alguno de los imputados, sobre el cierre del local y de los testigos que han declarado”

Desde CorrupciónCERO seguiremos de cerca el asunto y sobretodo el suplicatorio que en el Senado se realizará al respecto, al mismo las reacciones de las organizaciones políticas. Esperemos que el Partido Popular ante este hecho, más que escandaloso, asuman las responsabilidades políticas correspondientes y cesen de inmediato a este responsable político y entregue de inmediato su acta de Senador por Murcia.

En el PSPV-PSOE hay mucho que limpiar todavía.

Tras la “aparente” sustitución,  cese o expulsión de Juan Manuel Ribes del PSPV-PSOE de Orpesa de Mar, con un Bloc callado como putas durante todas estas legislaturas para efectuar ese dicho tan castellano de “…a rio revuelto ganancia de pescadores” ,  el PP comandado por su Alcalde Rafael Albert Roca seguía y seguía haciendo “negocios” en el municipio con el Sr. Jesús Ger a la sazón Presidente del Grupo Marina D’Or. Pero no eran los únicos que hacían negocios juntos…también Juan Manuel Ribes, del PSPV – PSOE entraba en el “pastel” con el ( repetimos) silencio cómplice del Bloc, del que tendremos ocasión de hablar largo y tendido en otra ocasión.

Como antecedentes previos en los años 2003, tanto Jesús Ger como Juan Manuel Ribes hacían NEGOCIOS JUNTOS como se puede desprender de las informaciones aparecidas en el rotativo Levante. Por una parte, ambos figuraban como socios en la empresa  D’Or Servicios de Ocio SA

Según reconoció Ribes la sociedad anónima adquirió un vehículo por un valor de 80.000 €, aunque meses más tarde el propio Ribes, declaró que el vehículo lo adquirió de “su propio bolsillo”. Un poco contradictorio si consideramos que la única actividad mercantil declarada de la Sociedad D’Or Servicios de Ocio SA es precisamente la compra de dicho vehículo.

Al final aparentemente, Ribes (que remedio…) es expulsado del PSPV – PSOE…y decimos aparentemente, por que en las próximas entradas de CorrupciónCERO, podrán ver que “nada es lo que es sino lo que parece ser”.

Y llegó un día que en el seno del PSPV – PSOE aparece alguien en el tablero de juego de forma  inesperada, que trata de lavar la imagen y la dignidad ante el pueblo de Orpesa de Mar… se trata de  una mujer.  Se trata de Rosa Sabater.

Rosa Sabater entra animada y arropada a la Secretaría General del PSPV-PSOE de Orpesa de Mar de la mano del Ex Secretario General Ignasi Pla. Además de militantes socialistas de otras agrupaciones cercanas de Orpesa de Mar, indignados por la imagen que aquel partido estaba ofreciendo por los consecutivos escándalos de corrupción, que a través de de las votaciones en Pleno Municipal junto al PP, estaban mostrando a la ciudadanía.

Pero antes de ser la Secretaria General del PSPV – PSOE de Orpesa de Mar y  para empezar a hacerse un poco popular y darse a conocer,  Rosa en el municipio,  fue a través de un programa de TV local, donde se hacía un programa de bricolaje. Poco más tarde  se empezó a realizar otro espacio televisivo  con una tertulia donde con otros  tres ciudadanos  relevantes e independientes  debatían  sobre aspectos de la vida local,  y en donde también participaba Rosa Sabater.

Poco tiempo duraron aquellos programas, dado que aquella TV local independiente, fue adquirida económicamente  ipso facto por Marina D’Or , o sea por su Director Jesús Ger, así que  la aparición televisiva de Rosa Sabater fue vetada automáticamente. La libertad de expresión e independencia televisiva quedó maltrecha y neutralizada con el dinero…con un par. Así se gobierna y se domina todo un pueblo.

Mientras tanto en el seno de la Agrupación socialista del PSPV – PSOE de  Orpesa de Mar un aparente manto de silencio y unanimidad sospechosa flotaba en el ambiente…, nadie dice nada, todo es calma chica, no hay movimientos…pero eso continuará en CorrupciónCERO.

Hasta en los mejores parajes cordobeses se producen las peores de las corrupciones.

Seis años de cárcel para cada uno de los tres acusados por el caso de las facturas falsas en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba). El fiscal ha presentado su escrito de acusación en el que solicita dicha pena para dos trabajadores del Consistorio y un empresario local. Todos ellos acusados por delitos de falsificación de documento mercantil y oficial y estafa. Además, pide que los tres paguen los 37.434 euros que el fiscal considera han defraudado al Ayuntamiento.

En el documento, el ministerio público acusa a Antonio Jesús Gómez, propietario de una empresa de carpintería metálica, de elaborar entre 2005 y 2007 facturas a nombre del Ayuntamiento de Baena, las cuales anotó en su contabilidad como empresario y presentó y cobró de la Corporación Local. Y siempre, según dice el escrito, “por trabajos que no había realizado y que correspondían a contratos menores”.

Para ello, Gómez estaba “previamente concertado con los acusados Rafael Santano, funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena, el cual ejercía las funciones de secretario del alcalde

[Luis Moreno, del PSOE] y Juan Díaz, funcionario administrativo del Ayuntamiento”, dice el escrito. Y todo, concluye el fiscal “con la finalidad de obtener beneficio económico injusto y a sabiendas de que no se había realizado ninguna de las obras”.

El caso de la presunta existencia de facturas falsas en el Ayuntamiento de Baena arranca en el verano de 2007, cuando el empresario hoy acusado, Antonio Jesús Gómez, firmó una declaración ante la Guardia Civil y reconoció en el juzgado que había cobrado una docena de facturas falsas al Ayuntamiento.

La alcaldesa de Lezama Alaitz Etxeandia

La alcaldesa de Lezama Alaitz Etxeandia (PNV) ha renunciado, cuatro meses después y tras votar favorablemente hasta en tres ocasiones, a intervenir en la promoción de un plan urbanístico en el municipio en terrenos de su familia. Etxeandia explicó, en una comisión de urbanismo municipal, que adoptó su decisión tras un informe de la secretaria municipal que advertía de que la Ley de Procedimiento Administrativo prohíbe intervenir a cargos públicos en los asuntos donde tengan intereses familiares.

La cuestión es que votó hasta en tres ocasiones anteriores de forma favorable, por que “por mi formación académica, no dispongo de conocimientos jurídicos” vale…o sea que la Alcaldesa  no sabe aquello sobre “el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento“. Y eso que es Alcaldesa.

Habrá que ver como actúa la Justicia de oficio en este más que irregular Planeamiento Urbanístico.

Vista aéra de Marina D'Or en Orpesa de Mar

Orpesa de Mar ( o en Castellano Oropesa de Mar) era una tranquila localidad costera del mediterráneo, en la provincia de Castellón, muy codiciada por sus tranquilas calas frente al mar. Hasta que un día llegó un grupo empresarial llamado Marina D’Or.

Este grupo empresarial encabezado por su Presidente  el Sr. Jesús Ger junto al Alcalde del Partido Popular de Orpesa de Mar el Sr. Rafael Albert Roca fueron imputados en el 2007 por un supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias, además de 6 concejales más de la corporación municipal inclusive el socialista Juan Manuel Ribes. Del que por cierto, su “expediente de expulsión”  como militante socialista no está del todo claro aún. Mientras, la oposición del Bloc en el Ayuntamiento durante ese mandato y en la actualidad han estado callados y siguen callados. ¿En qué consistió la imputación del supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias? El masivo e intensivo censo de trabajadores y trabajadoras de la empresa Marina D’Or a nivel estatal a este municipio para que el PP obtuviese la mayoría absoluta en el 2003, como no lo consiguió, precisó de un “colaborador necesario”, en este caso Juan Manuel Ribes, del PSPV-PSOE, que votó como un concejal más del PP, durante 4 años de aquella legislatura.

¿En qué ambiente se movieron las últimas elecciones municipales del 2007? Fácil, con el mismo mecanismo del 2003, pero con una variante más sutil,  tanto el Alcalde popular como el Presidente de Marina D’Or “Ciudad de Corrupciones” Jesús Ger estuvieron inflando el censo electoral con  extranjeros comunitarios a cambio de “prebendas”. Si se votaba al PP, en Marina D’Or todo iría sobre ruedas.

Pues bien, en el seno del PSOE se realizó una supuesta limpieza interna con la expulsión de Juan Manuel Ribes ya que el la imputación lo único que hacía era desacreditar la única opción política que podía hacer frente a tanto mal olor en este municipio castellonense.

En las siguientes entradas de CorrupciónCERO demostraremos de que forma los intereses empresariales pueden hacer mella en los partidos políticos, convirtiendo a estos últimos en verdaderos títeres de los primeros y no en representantes legítimos de la ciudadanía.

Miguel Sebastián al igual que la Ministra Sinde, apoya ilegalmente a la SGAE.

Tras las innumerables peticiones a la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España. Tras las muchas peticiones al Director de Comunicación Sr. Diego Crescente del Ministro de Industria Miguel Sebastián con respecto al programa Creador.es dotado con la cantidad de 574.000 € en el marco del Plan Avanza.

Habiendo comprobado que el dominio Creador.es es una página web cuya actividad única y exclusivamente se dedica a la de  parking de enlaces de Adsense de Google, y la titularidad de la misma pertenece a un ciudadano no español, no miembro de la Junta Directiva de la SGAE. Entendemos desde CorrupciónCERO que el Gobierno de España, ante la ausencia de información solicitada de forma legal, tal y como establece la legislación legal vigente, en forma de petición expresa y como la citada legislación legal establece que el Silencio Administrativo está rigurosamente prohibido por ley, creemos que el Ministro Miguel Sebastián ha incurrido en un delito de prevaricación y tráfico de influencias y vamos a proceder a presentar la correspondiente demanda judicial ante los Tribunales de Justicia en Santiago de Compostela, contra el Ministro Miguel Sebastián y contra la Sociedad General de Autores y Editores por falsedad documental en la solicitud de ayudas oficiales.

La policía no hace más que detener a políticos en Llíber últimamente

Sobornos, poderes notariales que resultaron ser falsos, reuniones discretas en un club de alterne. El levantamiento del secreto sumario del caso Llíber, por el que el Ayuntamiento de este municipio permitió entre 1999 y 2003 la construcción de 300 chalés en suelo rústico, ha desvelado nuevos aspectos de una trama en la que desempeñó un papel protagonista el constructor de Xàbia Miguel Montaner. El empresario fue el primer implicado encarcelado, el pasado diciembre. Su declaración ante la juez fue vital para que también acabaran en prisión apenas unas horas después el alcalde de Llíber durante aquel periodo, el popular José Mas, y su ex aparejador municipal.

El constructor, en libertad bajo fianza de 100.000 € ha confesado que  aunque la mayor parte de las dádivas fueron en metálico también regaló un Mercedes al alcalde. En su declaración, Mas negó esta última aseveración y dijo que fue él quien pagó el automóvil, si bien admitió que Montaner le puso en contacto con el vendedor en Alemania.

Recordar que la trama urbanística consistió en la construcción de más de 300 chalets en suelo rústico protegido. Donde no estaba del todo claro la titularidad de la propiedad del suelo, efectuándose un auténtico timo y engaño, en especial a turistas ingleses y alemanes que picaron como pardillos, ante las promesas del ex alcalde José Mas del Partido Popular.

En público se aman, en privado se odian y se temen

Las medidas contra la corrupción propuestas por el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, para calmar las aguas movidas por los escándalos del caso Gürtel y las políticas urbanísticas van camino de quedar en agua de borrajas. En la Comunidad Valenciana, presidida por Francisco Camps,  el Consell no ha puesto en marcha ninguna de las medidas para fortalecer los controles externos, ni para mejorar la transparencia en la gestión. Al contrario, el Grupo Popular rechazó a principios de diciembre la propuesta de dedicar un pleno monográfico en las Cortes Valencianas para hablar de “regeneración democrática, transparencia y medidas contra la corrupción”. En su lugar, los populares propusieron una modificación del reglamento del Parlamento que permitiese publicar en el Boletín Oficial de las Cortes las declaraciones de bienes y actividades de los diputados.

No obstante dicha proposición del reglamento tendrá lugar en Febrero, para que sus señorías tengan tiempo más que suficiente para modificar su estatus legal y patrimonial. En especial tras las resistencias de un numeroso grupo de diputados y diputadas del PP de la Comunitat Valenciana. Medida a la que los representantes socialistas presentes en la cámara tampoco han manifestado oposición, al igual que los de Compromís.

En el Ayuntamiento de Valencia por poner un ejemplo la concejala socialista Carmen Alborch ha presentado una moción pidiendo una actualización de la declaración de bienes del conjunto de la corporación local. Ante esta propuesta la Alcaldesa Rita Barberá ha respondido que para aprobarla, sería necesario un pacto estatal anti corrupción.

En el Ayuntamiento de Alicante, presidido por la Alcaldesa popular Sonia Castedo ni siquiera se ha abordado la cuestión, ni tampoco la ha solicitado la oposición socialista. Y eso que el anterior alcalde el popular  Luis Díaz Alperi, llegó con la nómina embargada y hoy se permite regalar relojes valorados en varios millones de las antiguas pesetas.